Agradando a China, apaciguando en casa: Asia Central y los campos de Xinjiang

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Alrededor de 1,5 millones de uigures e integrantes de otras minorías musulmanas se encuentran internados en la provincia occidental china de Xinjiang. Mientras que las autoridades chinas dicen que están en centros de manera voluntaria, documentos filtrados del gobierno indican que están encerrados en campos y están siendo sujetos a diferentes maltratos que van desde trabajos forzados a abusos sexuales. La reacción de Estados Unidos y de Europa es de sobra conocida, con los norteamericanos llevando la voz cantante y llegando a poner en la lista negra a empresas chinas que están involucradas en la campaña. Sin embargo, no se ha prestado la suficiente atención a los vecinos más próximos de China en su vertiente occidental. Estos países tienen lazos más estrechos con China, algunos incluso comparten frontera con Xinjiang, y también tienen una afinidad cultural y étnica con las minorías perseguidas por las autoridades chinas. Las repúblicas centroasiáticas han apoyado a China en su operación contra sus minorías musulmanas, pero la forma en la que los gobiernos de estos países han reaccionado difiere dependiendo del papel jugado por sus propias sociedades civiles y de la relación que tienen con aquellos que están siendo perseguidos.

Los uigures no han sido la única minoría, aunque sí la más importante, en el punto de mira de las autoridades chinas. Otros grupos túrquicos, como los kazajos y los kirguizos, y no túrquicos como los tayikos, están compartiendo el mismo destino. Sin embargo, a diferencia de los uigures, los kazajos, kirguizos y tayikos sí tienen estados en los cuales su etnia es la nacionalidad titular. Esto, junto al hecho de que a grandes rasgos comparten la misma religión, pone a las repúblicas centroasiáticas en una tesitura diferente en lo referente a las acciones de China en Xinjiang. No obstante, en vez de una solidaridad romantizada por una misma etnia o religión, lo que está definiendo la respuesta de los estados centroasiáticos es el pragmatismo político y económico, a pesar de la oposición doméstica a la que se han de enfrentar en algunos casos.

Desde el mar Caspio en el oeste hasta las montañas Tien Shan en el este, China se está convirtiendo en el mayor socio comercial e inversor de las naciones centroasiática. Algún caso es más extremo que otro, con la economía de Turkmenistán dependiendo casi exclusivamente de sus exportaciones a Chinas y con Kirguistán y Tayikistán estando muy endeudas a Pekín. La poca disposición de las repúblicas a enemistarse con su poderoso vecino es lo que condiciona su respuesta a la situación actual.

Mientras que las cinco repúblicas han respaldado públicamente a China en sus acciones en Xinjiang, las podemos dividir en dos categorías. El primer grupo está compuesto de Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán, que han expresado su apoyo a Pekín siempre que les ha sido posible. El segundo grupo está formado por Kazajistán y Kirguistán, cuyos gobiernos también han apoyado a Pekín pero lo han hecho con más tacto para lidiar mejor con aquellos en sus sociedades que se oponen de manera abierta a la represión china de sus congéneres al otro lado de la frontera, estimulando de esta manera el sentimiento anti-chino ya existente en sendas naciones.

Sin espacio para disentir

En julio del 2019, 26 países firmaron una misiva en apoyo de las políticas chinas en Xinjiang en respuesta a otra carta enviada al Comité de Derechos Humanos de la ONU por naciones principalmente occidentales en la que pedían el cese de la campaña china de internamientos. Dos repúblicas centroasiáticas estaban entre los firmantes que defendieron a Pekín: Turkmenistán y Tayikistán. Unas semanas más tarde Uzbekistán se unió a sus vecinos.

No debería sorprender a nadie que Turkmenistán respalde firmemente a China, incluso cuando firmar la mencionada carta va en contra de su política de neutralidad. La nación gobernada con puño de hierro por Gurbanguly Berdimuhamedov es el país de la región que depende más del gigante asiático. Como consecuencia de errores comerciales y falta de visión por parte del gobierno turcomano, China se ha convertido en el único mercado para su gas, sin tener en cuenta las importaciones simbólicas de Rusia. Esto significa que China compra casi el 80% de las exportaciones turcomanas. Por ello era esperable que Ashgabat, también conocida por su falta de libertadas y abusos de derechos humanos, estuviese de manera inequívoca al lado de Pekín.

Tayikistán también tiene unos lazos demasiado estrechos con China para poder permitirse disgustarla. Pekín posee cerca de la mitad de su deuda externa, 1.200 millones de dólares de los 2.900 millones de los que consta su endeudamiento. Además tienen la relación más cercana de la región con China en materia de seguridad. Hasta 40 puestos fronterizos a lo largo de su frontera con Afganistán han sido construidos o renovados por los chinos, quienes además tienen tropas en el terreno gracias a una base en la región del Alto Badajshán. A pesar de informaciones sobre la presencia de tayikos étnicos en los campos, el régimen de Emomali Rahmon ha apoyado de manera explícita a China.

Uzbekistán ofrece una perspectiva diferente a la de Turkmenistán y Tayikistán. A pesar de que China ya es un importante socio comercial, Tashkent podría estar mirando más al futuro que al presente y a las oportunidades de una mayor colaboración con Pekín. Como parte de la apertura del país a la inversión extranjera por parte del presidente Mirziyoyev, Uzbekistán tiene la intención de mejorar sus relaciones con China. Desde proyectos de infraestructura al incremento de turistas chinos, favorecidos por la reciente exención de visado, las relaciones sino-uzbekas van en aumento. Por ello, Uzbekistán no dudó en deportar a Gene Bunin, un experto que recoge datos sobre los campos de Xinjinag, o prevenir una pequeña reunión para conmemorar al primer presidente, de etnia uigur, de la Segunda República del Turquestán Oriental (1944-49). La propia minoría uigur de Uzbekistán no tiene una presencia destacable en la sociedad y su prensa no cubre la situación de los uigures en China.  

Lo que Turkmenistán, Tayikistán y Uzbekistán tienen en común, y que define su posición en lo referente a los campos de Xinjiang, es la inexistencia de una sociedad civil activa como resultado de la naturaleza autoritaria de su regímenes respectivos. Dejando a un lado las diferencias entre los tres países, hay poco espacio para que la gente exprese su descontento sobre asuntos locales o nacionales, por lo que hacerlo sobre terceros países es del todo imposible. Por ello, sus gobiernos no tienen ningún impedimento para respaldar a China. El hecho de que tayikos están presos o que Uzbekistán tenga una minoría uigur no cambia mucho la posición de las autoridades respecto a Xinjiang.

Haciendo malabarismos

Ni Kazajstán ni Kirguistán firmaron la carta respaldando las acciones de China como sí hicieron las otras tres repúblicas. Esto no quiere decir que no apoyen la campaña de Pekín en Xinjiang. Sus gobiernos sí lo hacen, pero algunos de sus ciudadanos no comparten ese punto de vista. Ambos países tiene que balancear la necesidad de mantener una buena relación con China, su principal socio económico, con la creciente sinofobia de sus poblaciones.

Kazajstán lo tiene complicado a la hora de caminar por el alambre. China es el principal mercado de las exportaciones kazajas, incluyendo una parte importante de su petróleo, el comercio bilateral es de 12.000 millones de dólares y Nur-Sultán es un socio principal en la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Al igual que el resto de repúblicas centroasiáticas, Kazajstán no puede permitirse disgustar a China y no tiene la intención de hacerlo. Sin embargo, a diferencia de sus vecinos, su demografía y el creciente papel de la sociedad civil complican la situación para las autoridades. Se cree que alrededor de 1,5 millones de kazajos étnicos viven en la provincia de Xinjiang y están entre aquellos grupos perseguidos por el gobierno chino. Además, como resultado del programa de retorno conocido como oralman, que promovió el gobierno kazajo tras su independencia para atraer a kazajos que vivían fuera de sus fronteras, miles de familias están ahora divididas entre China y Kazajstán, con aquellos que emigraron jugando un papel activo en defensa de sus familiares, muchos de los cuales han sido encarcelados. Cerca de 250.00 uigures, el principal grupo oprimido en Xinjiang, también viven en Kazajstán. La diáspora ha fundado organizaciones para defender los derechos de los kazajos y uigures, como Atajurt Eriktileri, que están alzando la voz en defensa de aquellos perseguidos en el país vecino.

Las autoridades kazajas han respondido con la táctica de la zanahoria y el palo, usando más esto último. Por un lado, han enviado notas diplomáticas a Pekín preguntando por la situación de los kazajos étnicos y han cedido a presiones internas y externas en casos conocidos como el de Sairagul Sauytbay, una kazaja de etnia pero china de nacionallidad que denunció la situación de los campos y acabó en Suecia en vez de ser extraditada a China. Pero por el otro, el gobierno kazajo ha reaccionado en la mayoría de los casos como uno esperaría de un régimen autoritario: prohibiendo manifestaciones y dispersándolas cuando se producen. Esto incluye el arresto del líder de Atajurt Eriktileri, Serikján Bilash, y la co-optación de la asociación, ahora dividida en dos.

Si la situación en Xinjiang fuese simplemente sobre el internamiento de gente, las autoridades kazajas no le darían mayor importancia ya que no atañen a la mayor parte de la población. Sin embargo, esto se suma al creciente descontento con China que lleva gestándose en el país durante los últimos años. El temor a la influencia china ha desembocado en un número creciente de protestas, desde las manifestaciones del 2016 contra una reforma agraria, a las de septiembre del 2019 contra la construcción de 55 fábricas, por mencionar las más importantes. El miedo a que los chinos se hagan con tierra kazaja, controlen el país y continúe la llegada de trabajadores chinos avivan las protestas. La cuestión de Xinjiang está siendo absorbida, o como poco tenida en cuenta, por los movimientos anti-chinos. Esto está teniendo lugar al mismo tiempo que el estado kazajo está atravesando una transición política y la sociedad civil se está movilizando y pidiendo libertades y transparencia a través de grupos de activistas como Oyan, Qazaqstan y Qaharman.

Kirguistán tiene que hacer frente a una situación similar. Como Tayikistán, la República Kirguiza está fuertemente endeuda a China. A cambio, Pekín invierte en la construcción de infraestructura, en algunos casos de una calidad cuestionable como la central térmica que dejó a los habitantes de Biskek, la capital, sin calefacción en el invierno del 2018. Además, empresas chinas explotan la riqueza mineral del país empleando a trabajadores chinos. Todos estos factores han contribuido a un creciente sentimiento de sinofobia al igual que ha ocurrido en el vecino Kazajstán. El internamiento de kirguizos étnicos en Xinjiang se ha convertido en un parte de este problema más amplio.  

En el último año se han sucedido hasta cinco olas de protestas contra China en Kirguistán. Aunque en ellas los manifestantes expresan su apoyo a la causa de los kirguizos perseguidos en China, su principal objetivo es protestar contra la llegada de trabajadores chinos, la manera en la que operan las empresas chinas y su creciente presencia en el país. En respuesta a las políticas de Pekín en Xinjiang, el presidente kirguizo Sooronbai Jeenbekov ha mantenido una neutralidad que beneficia a China, declarando que Biskek no debería inmiscuirse en los asuntos internos de su vecino y que la diplomacia seguirá su curso en lo referente a los campos de Xinjiang. Al mismo tiempo, Kirguistán no se unió a Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán a la hora de firmar la carta que oficialmente respaldaba a Pekín en su provincia occidental.

A parte de afectar algo a su reputación en cuanto a relaciones públicas, en sí el internamiento de minorías musulmanas en China no supone un problema para los gobiernos de Kazajstán y Kirguistán. Los ciudadanos que piden una respuesta más firme a las acciones de Pekín por lo que está sucediendo con kazajos, kirguizos y uigures en Xinjiang no son más que una minoría. La complicación para las autoridades emerge cuando estos movimientos se convierten en una herramienta más en el arsenal de los manifestantes sinófobos y, especialmente en el caso de Kazajstán, de movimientos más amplios que claman por el cambio y una democratización de las instituciones.

Los gobiernos de las cinco repúblicas centroasiáticas saben dónde están su presente y futuro en términos económicos, y eso es en China. No existe una solidaridad étnica o religiosa con aquellos internados en Xinjiang. El pragmatismo se ha convertido en el principio que guía a las autoridades, quienes también tienen un pobre balance en lo que derechos humanos se refiere. Lo mismo ocurre con la mayoría de los ciudadanos de dichos países, que tienen pocos lazos con los detenidos y que ellos mismos no disfrutan de libertades, especialmente en Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Por ello no debe sorprender que esos tres países sean los que han apoyado a China de manera más explícita. Solamente en los casos de Kazajstán y Kirguistán, las naciones con las sociedad civiles más fuertes de la región, han tenido las autoridades que tener tacto debido a la creciente sinofobia, cuyo impacto no debería ser exagerado pero que podría llegar a amargar las relaciones con China, mientras que al mismo tiempo tratan de controlar el descontento para que no se contagie a otros segmentos de la sociedad. Mientras tanto, entre esta realpolitik, el destino de los más de un millón de personas internadas en campos pasa a un segundo plano.

[Artículo publicado originalmente en Foreign Policy Centre]

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