Un proyecto de ley para regular las manifestaciones ejemplifica las limitaciones de las reformas que Uzbekistán ha ido introduciendo en los últimos años. Mientras que la adopción de dicha ley puede parecer una noticia positiva, introduce tantas restricciones que hace que sea virtualmente imposible celebrar ninguna reunión pública. Se trata de otro trampantojo en la fachada que no cambia la estructura del edificio.

El 18 de agosto el gobierno uzbeko publicó un proyecto de ley elaborado por el Ministerio del Interior para regular las manifestaciones. Esta nueva legislación detalla las condiciones bajo las cuales dichos eventos pueden tener lugar en Uzbekistán, lo que en teoría es un paso adelante para un país en el cual las autoridades no han permitido la organización de este tipo de reuniones.

Sin embargo, cuando uno lee la letra pequeña no tarda en darse cuenta de que cualquier intención democrática a la que la legislación podría aspirar acaba siendo insignificante. Obtener la autorización para celebrar una protesta se convierte en un proceso laborioso. Los organizadores deben de pedir permiso con 15 días de antelación y las autoridades pueden tardar hasta 10 días en contestar. La lista de requisitos es larga e incluye informar de “los materiales propagandísticos que sean usados, […] al igual que cualquier equipo de sonido”, y de las fuentes de financiación de las entidades responsables. Este último punto es probablemente el más importante.

Si las autoridades dan la luz verde, las restricciones limitan las posibilidades de los manifestantes. En primer lugar están las horas, ya que las protestas solamente podrán tener lugar los días laborales entre las 10 y las 17 horas. Luego está el tema del lugar. Según el proyecto de ley, las manifestaciones no podrán celebrarse a menos de 300 metros de edificios que pertenezcan a: administraciones locales y estatales, policía, ejército, legaciones diplomáticas, organizaciones internacionales, judicatura y medios. A esta lista hay que añadir cárceles, hospitales, colegios, universidades, cementerios, infraestructura de transporte y, para redondearlo del todo, cualquier propiedad privada. Es difícil imaginar un lugar en una ciudad que cumpla estos parámetros.

Para cumplir con las normas, una manifestación debe celebrarse entre semana, en horario laborable y en un descampado lejos de todo civilización. E incluso si ese es el caso, es probable que aun así las autoridades no den el permiso correspondiente.

Tal y como señala Eurasianet, la constitución de Uzbekistán “ya salvaguarda nominalmente el derecho de los ciudadanos para manifestarse, aunque en términos prácticos dicha disposición tiene poca validez”. Y nada hace indicar que en la práctica las cosas cambien con la nueva ley, lo que la haría del todo irrelevante. Al fin y al cabo, según la Constitución, Uzbekistán es una democracia, y no es el caso.

La ley de mítines, reuniones y manifestaciones es un ejemplo de la forma en la que las autoridades abordan las reformas. Aunque se dan novedades positivas en algunas áreas, en otras, como en este caso, el cambio es simplemente cosmético. Unos titulares positivos pueden funcionar en el corto plazo, pero si a éstos no les siguen cambios de verdad, al final acabarán siendo ignorados por los observadores y gobiernos extranjeros.