En los últimos días, tres ciudadanos chinos de etnia kazaja han evitado ser deportados de vuelta a China tras huir de la campaña represora de Pekín en Xinjiang. Mientras que estos hechos son positivos en sí mismos, todavía no hay claridad sobre los motivos que llevaron a los jueces a tomar esas decisiones, ni sobre la presión que reciben las autoridades kazajas de sus homólogas chinas.

El 16 de enero, un tribunal en la ciudad de Jarkent sancionó a Tilek Tabarikuly con seis meses de trabajos forzados por entrar ilegalmente en Kazajstán. Cinco días más tarde, otro tribunal, esta vez en Zaisan, condenó a un año de prisión a Murager Alimuly y Qaster Musakhanuly por el mismo motivo. Lo principal fue que los tres lograron evitar, de momento, ser deportados de vuelta a China, como pedía la fiscalía.

Las decisiones de los jueces kazajos resultaron ser buenas noticias para los detenidos y sus partidarios que se manifestaron fuera de los tribunales y que, en el caso de Zaisan, terminaron siendo multados por “desobedecer a la policía”. Evitar la deportación era el principal objetivo. Sin embargo, todavía hay incógnitas que no han sido despejadas ya que no se sabe qué pasará con ellos una vez cumplan sus sentencias. ¿Podrán quedarse en el país o tendrán que pedir asilo en otro lugar, como le ocurrió a Sayragul Sautbay, que acabó en Suecia?

Independientemente de lo que suceda con los tres condenados, los últimos hechos plantean diversas cuestiones sobre el estado de la relaciones sino-kazajas y la respuesta de Nur-Sultán a las acciones de Pekín en Xinjiang. Desde el comienzo de la campaña de encarcelamiento de uigures, kazajos y otras minorías, Kazajstán ha tenido que satisfacer a su poderoso vecino mientras que al mismo tiempo ha tenido que lidiar con diferentes movimientos y protestas que han surgido dentro de sus fronteras en respuesta a las políticas chinas en Xinjiang. Las últimas decisiones de los tribunales kazajos parecen formar parte de dicha estrategia.

Sería un error interpretar la no deportación de los detenidos como un cambio en la política del gobierno. Aunque Pekín preferiría tener a los fugitivos de vuelta en China, como supuestamente pide insistentemente a las autoridades kazajas, su deportación a Xinjiang, donde con toda seguridad serían torturados, entre otros abusos, resultaría en un escándalo de relaciones públicas para China y haría un flaco favor a su campaña de desinformación y propaganda en el exterior sobre los campos de internamiento. Además, seguramente causaría más protestas que, aunque no de gran tamaño, afectarían a la reputación de Kazajstán en un momento en el cual otros grupos de la sociedad civil se están movilizando y están pidiendo cambios en la nación centroasiática.  

En un país cuya independencia judicial es más que cuestionable, es poco probable que dichas sentencias, con sus repercusiones en política internacional, no hayan recibido el visto bueno de las autoridades kazajas, quienes no se atreverían a afrontar una crisis diplomática con China. Dejando a un lado las protestas formales, China puede verlo como un precio irrisorio a pagar por el apoyo del gobierno kazajo a su política en Xinjiang. El destino de un puñado de individuos no le importa a Pekín si eso le sirve a Nur-Sultán para apaciguar a su opinión pública y guardar las apariencias en el extranjero.

Los casos de Tabarikuly, Alimuly y Musakhanuly no son más que la punta del iceberg, la parte visible del papel que desempeña Kazajstán en Xinjiang. Lo que no podemos ver es el hielo que se mantiene bajo el agua. Las conversaciones y negociaciones entre Nur-Sultán y Pekín que tienen lugar a puerta cerrada son lo que en última instancia determinan la relación entre ambos países y la posición de Kazajstán acerca de los campos de internamiento. Y, con la dependencia económica de Kazajstán en China y el creciente poder de ésta, no hay ningún indicio de que la posición kazaja esté cambiando o lo vaya a hacer en el futuro.