La agresión a dos kazajos que buscan refugio en Kazajstán tras haber escapado de China genera dudas sobre la posición de las autoridades kajazas en lo referente a los solicitantes de asilo provenientes de Xinjiang.

El 21 de enero, dos refugiados asentados temporalmente en Kazajstán fueron agredidos en Nur-Sultan y Almatí. Murager Alimuly fue apuñalado en la capital mientras que Kaisha Akan recibió una paliza en la mayor ciudad del país. Ambos habían huido de las prácticas genocidas de China contra las minorías túrquicas y musulmanas. Lo que hace las agresiones preocupantes es el hecho de que tuviesen lugar de manera simultánea, según la Oficina Internacional de Derechos Humanos de Kazajstán.

No es un secreto que China presiona a Kazajstán para que Alimuly, Akan y otros refugiados sean devueltos a su país de origen. Sin embargo, las autoridades kazajas deben compensar eso, y la influencia política y económica de Pekín, con las relaciones públicas y la presión doméstica. Aunque los jueces kazajos no deporten a los solicitantes de asilo, sus vidas y estatus no están para nada seguros, tal y como ponen en evidencia estos últimos eventos. No enviar de vuelta a los refugiados a China pero al mismo tiempo no hacerles la vida fácil parece ser el método que utilizan las autoridades kazajas para mantener un equilibro precario.

¿Quién está detrás de las agresiones? El hecho de que tuviesen lugar al mismo tiempo y en ciudades a mil kilómetros de distancia hace indicar que estamos ante una acción coordinada. Además, Akan se quejó en los últimos días de la estrecha vigilancia por parte de las autoridades locales. ¿Está el estado kazajo, a cualquier nivel, involucrado?

Las autoridades kazajas han tratado de entorpecer el trabajo de aquellos que luchan por los derechos de sus congéneres al otro lado de la frontera. Esto incluye acusaciones más que cuestionables contra los activistas y hacerse con sus asociaciones. La intimidación es la herramienta principal, ¿pero es la violencia física otra táctica? No debe de descartarse, especialmente cuando las víctimas no tienen la nacionalidad kazaja, sino que son refugiados provisionales, con la falta de derechos que ello conlleva. A pesar de esto, aunque la situación de los refugiados empeore dramáticamente, Kazajstán sigue siendo un lugar mucho más seguro para ellos que China.

Acontecimientos como las agresiones a Alimuly y Akan son preocupantes para las minorías étnicas de Xinjiang que buscan asilo en Kazajstán. Si los ataques fueron realmente coordinados, entonces la vista debe ponerse sobre el papel de las autoridades. El gobierno kazajo tiene la obligación moral de proteger a aquellos que solicitan asilo dentro de sus fronteras, y puede que todavía más cuando comparten la misma etnia.

Sin embargo, al final el pragmatismo se impone sobre las consideraciones morales. Por eso la situación debe de ser vigilada por activistas en Kazajstán y en el extranjero, y debe de ser un tema que traten terceros países y organizaciones internacionales en sus conversaciones con Kazajstán. La presión no debe de venir sólo desde Pekín.